Amenazas en escuelas: 4 estudiantes detenidos en la Capital salteña y otro, en Rosario de la Frontera
18/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Tres alumnos fueron detenidos por grafitis intimidatorios en el Colegio Walter Adet y un adolescente de 16 años fue imputado por otro hecho en la Escuela Técnica República de la India Nº 3100
Situaciones similares se registraron en colegios de la ciudad de Tartagal y en la provincia de Jujuy.
Los mensajes intimidatorios detectados en distintas escuelas de la provincia de Salta en los últimos días encendieron la alarma en la comunidad educativa y derivaron en la intervención de la Justicia. En el departamento Capital, cuatro estudiantes fueron detenidos, uno de ellos ya fue imputado. Además, en Rosario de la Frontera demoraron a otro alumno, que sería inimputable, y en Tartagal se reportaron amenazas en tres colegios y en uno se encontró un cuchillo en la mochila de un estudiante.
Situaciones similares comenzaron a reportarse en distintas localidades de la provincia de Jujuy, donde la Justicia también activó investigaciones por intimidación pública.
Tres alumnos fueron detenidos por grafitis intimidatorios en el Colegio Walter Adet y un adolescente de 16 años fue imputado por otro hecho en la Escuela Técnica República de la India Nº 3100. Mientras que otro estudiante fue demorado en Rosario de la Frontera.
En este contexto, el Ministerio de Educación de Salta aseguró que se activaron los protocolos vigentes y que las clases continúan con normalidad.
La cartera educativa indicó: “se trabaja de manera coordinada entre el Ministerio de Educación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad con la finalidad de esclarecer los hechos ante mensajes intimidatorios y amenazas en algunas escuelas de Salta Capital y del interior, situación que se presentó también en distintos puntos del país”.
La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, informó que “se investiga a fondo los hechos porque pueden llegar a ser un delito” y subrayó que, en este contexto, “es importante que exista una corresponsabilidad entre la familia y la escuela”.
Además, recordó que desde 2025 se implementa el Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela, que establece pautas de actuación frente a situaciones problemáticas y busca garantizar intervenciones “oportunas, coordinadas y respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
En esa línea, también se destacan las instancias de capacitación a equipos directivos y las acciones de concientización dirigidas a estudiantes, centradas en valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia.
Detenciones
En este escenario, la Justicia avanzó con distintas investigaciones que involucran a estudiantes.
Uno de los casos es investigado por el fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, quien obtuvo la autorización para la detención de dos jóvenes de 18 y 19 años y de un adolescente de 17, todos alumnos, por un episodio ocurrido en el Colegio Walter Adet.
La causa se inició luego de que se detectaran grafitis en el baño de varones del establecimiento con expresiones intimidatorias vinculadas a la posible concreción de hechos durante el próximo lunes. Según se informó, un ordenanza habría observado el ingreso de tres alumnos al sector donde posteriormente se encontró la inscripción y, al ser consultados, los jóvenes habrían manifestado que se trataba de “un reto”. La audiencia de imputación está prevista para este sábado 18.
En otra intervención, la fiscal penal juvenil Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años por el presunto delito de intimidación pública, tras un hecho ocurrido en la Escuela de Educación Técnica Nº 3100 República de la India. El estudiante fue demorado “luego de una investigación exhaustiva que permitió identificarlo como el presunto autor del mensaje intimidatorio”.
La policía indicó que en esta institución fueron “detenidos dos alumnos”. El Ministerio Público Fiscal aseguró a Salta/12 que es uno solo.
La intervención se originó a partir de una alerta emitida por las autoridades de la institución educativa, ante una situación que generó temor y preocupación en la comunidad escolar, especialmente entre padres y alumnos, lo que motivó la inmediata actuación de los organismos competentes.
La Policía de la provincia informó además que por disposición de la fiscalía interviniente, en este caso también se llevaron a cabo requisas en domicilios particulares y retención de teléfonos celulares.
Asimismo, la Policía indicó que en Rosario de la Frontera demoraron a un menor de edad vinculado a un hecho de similares características ocurrido en el Colegio 5009. En este caso, intervino el Juzgado de Menores 3. También hubo requisa domiciliaria. Se trata de un estudiante del lugar.
Situaciones similares se reportaron en otros establecimientos de la capital salteña, como el colegio Miguel Aráoz, la Escuela ex Normal, el ex Nacional, María Teresa de Calcuta, Juan Calchaquí y la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera N°6002.
Otro hecho se produjo en el colegio secundario Benita Campos, ubicado en el barrio El Huaico, donde se activó un operativo preventivo tras la recepción de un mensaje intimidatorio. La institución informó que el jueves a las 18.35, la preceptora del turno vespertino recibió una amenaza que involucraba a todo el entorno educativo.
Ante la situación, se dio aviso al supervisor del núcleo educativo y se activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de casos. De manera paralela, se solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría de El Huaico, que se presentaron en el establecimiento por disposición de la Fiscalía de turno y realizaron tareas de verificación de números telefónicos vinculados al mensaje. El procedimiento se llevó adelante con la participación del equipo directivo.
Por otro lado, también se reportaron hechos similares en colegios de la ciudad de Tartagal. En un caso se difundió que un alumno de 13 años asistió con un cuchillo a la Escuela Técnica 3.135. Una vez descubierto, el chico dijo que lo llevó porque recibía amenazas de otros estudiantes. En el baño de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado se encontró un mensaje sobre un posible tiroteo. También se difundió que hubo amenazas en la Escuela Técnica y en el colegio Jesús Reyes.
“Conversar con sus hijos e hijas”
Por estos hechos, el equipo directivo del colegio Benita Campos difundió un comunicado dirigido a tutores y tutoras con el objetivo de llevar “tranquilidad” en medio del clima de preocupación generado por los episodios recientes.
Señaló que estas situaciones “que están siendo abordadas con gran compromiso por el Equipo Directivo, Equipo de Orientación Escolar y docentes” a la vez “invitan a reforzar el diálogo y el acompañamiento conjunto que siempre buscamos construir con ustedes”.
La institución puso el foco en el abordaje pedagógico de estos hechos y en el rol formativo de la escuela. “Queremos compartir algunas reflexiones importantes. Sabemos que la adolescencia es una etapa de búsquedas, aprendizajes y toma de decisiones. Por eso, cada situación que ocurre en la escuela la trabajamos desde una perspectiva formativa, promoviendo la responsabilidad, el respeto y la conciencia sobre las consecuencias de los propios actos”, manifestó.
“Nuestro objetivo es que cada estudiante pueda aprender de lo sucedido y continuar su trayectoria escolar en un clima de cuidado y buen trato”, subrayó.
Asimismo, el colegio convocó a las familias a reforzar el acompañamiento desde el hogar: “Queremos invitarlos a conversar con sus hijos e hijas de manera sincera y cercana. La palabra adulta, el interés cotidiano, la escucha y la presencia son claves para que puedan crecer con criterios claros, sostén emocional y acompañamiento en la construcción de su identidad y su proyecto de vida”, recomendó.
“Como escuela, reafirmamos nuestro compromiso de intervenir pedagógicamente ante cada situación, garantizando el bienestar de todos los estudiantes y fortaleciendo los vínculos que hacen posible una convivencia respetuosa. También confiamos en la importancia de trabajar en corresponsabilidad (...) porque sabemos que cuando la familia y la escuela se sostienen mutuamente, los estudiantes encuentran un marco seguro para aprender y desarrollarse”, afirmó el colegio.
Advertencias punitivas
Por su lado, la Policía advirtió que “Toda persona que incurra en intimidación, amenazas, incitación a la violencia, falsas alarmas u otros hechos que alteren la normal convivencia y/o la seguridad en establecimientos educativos, será puesta a disposición de la Justicia y deberá afrontar las consecuencias legales correspondientes”.
En esa línea, explicó que “las falsas amenazas, incluidas aquellas realizadas a través de redes sociales, mensajería instantánea u otros medios digitales, constituyen delito y serán debidamente investigadas”. También advirtió que “los padres o tutores legales podrán ser considerados responsables por los daños y perjuicios ocasionados por menores de edad a su cargo”.
En los distintos casos reportados esta semana, trabajaron la Brigada de Investigaciones, la Fiscalías Penales, Asesoría de Menores e Incapaces y Juzgados de Menores para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.
“De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión”, advirtió la Policía provincial.
Casos en Jujuy
También en la provincia de Jujuy se reportaron episodios similares en localidades como Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy.
El fiscal penal Lian Resúa señaló que este tipo de hechos se investiga como intimidación pública y en declaraciones a Cadena 3 advirtió que “en Jujuy este tipo de hechos no se consideran menores”, en referencia al abordaje judicial de las amenazas.
En ese contexto, precisó que este jueves al mediodía se recibió una nueva amenaza en Fraile Pintado, que fue abordada “con la prioridad correspondiente”. Según explicó, se activaron protocolos de trabajo conjuntos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, que incluyeron presencia policial en los establecimientos y la intervención de equipos psicopedagógicos.
El fiscal también destacó la colaboración de las instituciones educativas en las investigaciones, a partir del aporte de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que permiten delimitar el momento en que ocurrieron los hechos. “Estamos hablando de chicos de 15 o 16 años, hasta los 18”, sostuvo.
En cuanto al encuadre legal, recordó que el artículo 211 del Código Penal prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. “Si es una persona de 18 años, ya recibiría la pena que establece el Código Penal”, explicó. En los casos de estudiantes menores de edad, en tanto, se aplica el régimen penal juvenil, que contempla sanciones diferenciadas.
Fuente de la Información: Página 12
