Advierten que el DNU 941 habilita el espionaje y debilita garantías constitucionales
06/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El Centro Comunitario ALFA sostuvo que el decreto del Gobierno nacional consolida un sistema de inteligencia encubierto y sin controles.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25, que redefine el Sistema de Inteligencia Nacional, “significa un franco retroceso de las libertades civiles frente a la injerencia del Estado”, advirtió el Centro Comunitario ALFA en un comunicado en el que cuestionó la ampliación de facultades otorgadas a los organismos de inteligencia.
En el mismo sentido, Blanca “Nenina” Lescano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, alertó que este decreto es el “encuadre para poder actuar en absoluta clandestinidad” como en el período previo a la última dictadura.
El DNU introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Inteligencia Nacional que consolidan un esquema de discrecionalidad y encubrimiento, señaló ALFA. Entre ellas, incorpora el artículo 2° bis, que establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Para ALFA, esta redacción no se limita a habilitar el carácter reservado de determinadas operaciones cuya sensibilidad pudiera justificarlo, sino que declara encubiertas a todas las actividades de inteligencia. Esto, advierte la organización, restringe severamente la transparencia estatal y las posibilidades de control y rendición de cuentas, en particular sobre el uso de fondos reservados y la ejecución de operativos.
Según ALFA, esta formulación abre la puerta a injerencias arbitrarias en la vida de las personas y de las organizaciones, en contradicción con las propias prohibiciones establecidas por la ley de Inteligencia Nacional.
En esa línea, advirtió que “la vía libre a la arbitrariedad estatal y el marcado debilitamiento de las garantías constitucionales de la ciudadanía” quedan particularmente expuestos en la modificación del artículo 4 de la ley 25.520, uno de los pilares normativos que delimitaba las prohibiciones que debía respetar la inteligencia estatal.
En concreto, se habilita a los organismos de inteligencia a cumplir funciones policiales cuando actúen en el marco de investigaciones judiciales, criminales o de interés de la inteligencia nacional. La nueva redacción legitima ahora otro supuesto de detención sin orden judicial que, combinado con el carácter encubierto de las actuaciones y la amplitud de los objetivos de la inteligencia nacional, favorece la concreción de nuevas violaciones a los derechos humanos.
ALFA también puso el foco en la flexibilización de la prohibición de influir en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, así como en la vida interna de los partidos políticos, la opinión pública, las personas, los medios de difusión y las asociaciones o agrupaciones legales. Estas restricciones, centrales en la ley original, quedan ahora relativizadas al establecerse como excepción las actividades de contrainteligencia del Estado, cuyo marco de acción se amplía notablemente a partir del DNU 941/25.
Asimismo, se incorpora una nueva excepción a las ya existentes, vinculadas a orden judicial: se suma la autorización expresa para hacerlo en el marco de convenios celebrados por la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el Centro Comunitario ALFA, este conjunto de modificaciones consolida un esquema que habilita el espionaje, el control y la vigilancia.
La organización cuestionó también la incorporación al Sistema de Inteligencia Nacional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que reemplaza a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Esta nueva estructura, advirtió, cuenta con atribuciones “mucho más amplias, ya que en tiempo de paz tiene la facultad de ‘investigar a las organizaciones no estatales de interés de la Inteligencia’”, y queda fuera del control civil, al estar conducida por un oficial superior de las Fuerzas Armadas con jerarquía de general o equivalente.
Para ALFA, la medida implica “un retroceso histórico, al habilitar la injerencia militar en cuestiones de seguridad interior”.
Las críticas se profundizaron con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con facultades para “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad”. En el contexto actual, señaló ALFA, estas atribuciones “perfectamente posibilitan el espionaje, el control y la vigilancia de toda persona o entidad de interés de la inteligencia nacional”.
El abogado Alvaro Arias, que preside el Centro Comunitario ALFA, sostuvo que el DNU “viene a dificultar aun más el control judicial de los organismos de inteligencia, no sólo por el carácter encubierto de todas sus acciones (tal como lo propone el decreto) sino porque la potestad de ejercer funciones policiales no la obliga a comunicar las medidas tomadas a la justicia sino sólo a la policía”.
“Mientras las políticas de ajuste y miseria que golpean a los más vulnerables siguen avanzando, quien se dice promotor del achicamiento del Estado, promueve un sistema de control y vigilancia que evidencia todo lo contrario y que lejos de contribuir a la seguridad de los intereses de la gente, viene a abrir una nueva puerta para la vulneración de garantías constitucionales”, cierra el comunicado de ALFA.
“Soberanía o barbarie”
En el mismo sentido se pronunció Nenina Lescano, histórica referente de derechos humanos, “Esto tiene que ver también con la soberanía o la barbarie. Esa es la opción que nos está quedando clara”, dijo a Salta/12.
Lescano sostuvo que el decreto no es una medida aislada, sino un marco habilitante para prácticas clandestinas: “Esto no es nada más que dar el encuadre para poder actuar en absoluta clandestinidad. Estamos entrando, precisamente, a lo que fueron las fuerzas clandestinas de López Rega y de Isabel Perón, en la etapa previa a los golpes militares”, afirmó.
Explicó que el DNU 941 “es un poco la síntesis de lo que ya se venía planteando”, y enumeró una serie de antecedentes: “Cuando se habló de la militarización de la frontera norte por el asunto del narcotráfico, de forma preventiva, nosotros presentamos varios hábeas corpus preventivos que fueron rechazados”.
En ese marco, señaló que el escenario internacional termina de exponer las intenciones geopolíticas en juego. “En este momento, la invasión a Venezuela pone al descubierto, ya sin tapujos, cuáles son las intencionalidades del gobierno de Estados Unidos”.
Lescano advirtió que el avance no se limita al plano nacional. “Los gobiernos provinciales, a la vez, van avanzando con los códigos contravencionales, se van poniendo a la altura de todo lo que está pasando, pero esto ya no se trata de diferencias políticas e ideológicas de los distintos sectores de la Argentina. Acá se trata de soberanía”, remarcó.
También alertó sobre presiones regionales en un tono particularmente grave, Lescano advirtió sobre las consecuencias inmediatas del DNU 941: “Para decirlo claro y sin vueltas, se está armando una fuerza secreta manejada por la CIA para poder detener a cualquier persona”.
Según explicó, ese dispositivo se activará frente al escenario social actual: “Con la crisis económica y la marginalidad que existe, con casi el 50% de la población en áreas marginales y de pobreza, va a haber reacciones y protestas, y entonces van a poder usar todo esto que se está armando sin tener que dar explicaciones absolutamente a ningún ámbito de la Justicia” advirtió.
En relación con el plano institucional, Lescano fue contundente: “Este DNU concentra dentro de un área formal, institucional y secreta, porque todo es secreto, a las cabezas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, que van a responder a un sistema secreto, con capacidad para actuar ante cualquier circunstancia y detener a cualquier persona en la calle sin tener que dar explicación absolutamente a nadie”.
“Esto viola todo el sistema constitucional de nuestro país y los tratados internacionales de todo tipo”, afirmó.
Finalmente, cuestionó el uso sistemático de decretos y el rol del Congreso, que tiene en sus manos la posibilidad de rechazar este decreto. Y concluyó: “Esta es la realidad de un gobierno que actúa al margen del Congreso o con su aval, absolutamente subordinado a Estados Unidos”.
Mientras el Gobierno sostiene un discurso de achicamiento del Estado, el nuevo esquema de inteligencia avanza en sentido contrario. Para los organismos de derechos humanos, el DNU no fortalece la seguridad de la población, sino que reinstala lógicas de vigilancia y disciplinamiento social.
Fuente de la Información: Página 12
