A 12 años de la declaración de Emergencia por Violencia de Género en Salta, 223 mujeres fueron asesinadas
24/02/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Natalia Cruz fue la última de la lista negra que se cierne sobre las mujeres salteñas, sin que el Estado haya podido detener la ola de femicidios. Según las estadísticas, cada mes, entre 1 y 2 mujeres están en riesgo de ser masacradas.
por Federico Aspiazu
El vil femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el 17 de febrero pasado, conmocionó a los habitantes de Campo Quijano, pero también profundizó la ineficiencia del Estado en instrumentar medidas que protejan a las mujeres salteñas, pese a que, desde el 12 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo provincial cuenta con amplias facultades para hacerlo.
En esa fecha, bajo la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, que volvió a la arena política el año pasado, se publicó la Ley 7857 por medio de la cual se materializó la declaración de Emergencia Pública de Violencia de Género, ampliamente debatida por la Legislatura local en septiembre de ese año.
El decreto de reglamentación de dicha ley estableció, en su artículo 2, facultar al Poder Ejecutivo a “realizar todas las acciones que estime conducentes para dar solución a la crítica situación y disponer la afectación e incorporación de las partidas presupuestarias necesarias a tales efectos”.
Juan Manuel Urtubey ex gobernador de Salta
Desde ese mandato, ya pasaron más de doce años y la situación de violencia de género no mejoró. Una muestra categórica de ello, surge de las estadísticas, las que marcan un total de 223 femicidios registrados en toda la provincia desde 2014.
Ese año, en el que se debatió y dictó la declaración de emergencia por violencia de género, Salta registró 21 casos de mujeres asesinadas, número considerado alarmante y llevó al entonces gobernador Urtubey a impulsar el tratamiento de dicha ley, pero las medidas que instrumentó no surtieron gran efecto, pues, si bien en 2015 y 2016, las cifras bajaron, en 2017 volvieron a subir a 21 femicidios.
Luego, desde 2018 los casos volvieron a bajar hasta el 2023, cuando volvieron a dispararse con una cifra récord de 35 muertes, lo que casi se repite al año siguiente, con 31 femicidios. En el 2025 bajó a 27.
En lo que va del año, en tanto, en enero no se registraron casos, pero en este mes, ya sucedieron dos hechos. El 9 de febrero, una mujer fue asesinada en su casa de Villa San Antonio. Por su muerte, a causa de herida de arma blanca, fue detenido su pareja, un policía federal retirado.
El 17 de febrero, en tanto, se registró el crimen de Natalia Cruz, también a manos de su pareja, Orlando Serapio, quien logró huir y, hasta este domingo, seguía prófugo, posiblemente ya fuera del país, pues la ruta de escape por la ruta 51 conducía a Chile.
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Orlando Serapio, prófugo de la justicia en Salta.
En resumen, desde la declaración de emergencia de violencia de género, Salta no solo no ha bajado el número de femicidios, sino que ha mantenido un riesgo de muerte para una mujer de poco más de 1,5 por mes, con un promedio algo superior a 18 por cada año.
Nuevas medidas
La ley de emergencia por VG, que se prorroga cada dos años, dispuso nueve medidas específicas en busca de contener y revertir los femicidios en Salta.
Son las siguientes:
- Promover en la comunidad la construcción de una cultura pacífica y libre de violencia de género, fortaleciendo medidas de sensibilización para la prevención y eliminación de la violencia de género.
- Fortalecer la aplicación de la Ley N°26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".
- Garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la violencia de género, desde un enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de gobierno.
- Elaborar un plan provincial de acción para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género.
- Brindar acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y socio-laborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género.
- Establecer una red de contención social y sanitaria entre el estado y Organizaciones No Gubernamentales especializadas en violencia de género.
- Crear e implementar Hogares de Protección Temporal como instancias de tránsito y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género.
- Implementar el sistema de "Botón Antipánico" en la provincia de Salta.
- Instrumentar las medidas necesarias para elaborar indicadores y estadísticas en materia de violencia de género.
Para la implementación de estas medidas, la ley facultó al Poder Ejecutivo para echar mano libremente del Presupuesto, del cual surgieron varios organismos que, en algunos casos, sirvieron de herramienta política para cobijar a hijos y entenados.
En otros, sin embargo, hubo aciertos, como la creación del Polo Integral de la Mujer, inaugurado el 7 de mayo de 2018. Con sede en calle Siria 611, muchas mujeres víctimas de violencia de género e incluso de trata de personas, hallaron contención en dicha entidad que, a su vez, supo adaptarse al modelo judicial.
Polo Integral De Las Mujeres - Salta
Luego, se implementaron otros recursos. En diciembre del 2020, seis años después de ser sugerido por la misma ley, se puso en marcha una aplicación de un “Botón de Pánico 911”, una herramienta útil, pero solo para víctimas judicializadas, lo que limitó el aro de protección.
Aunque las justificaciones de los funcionarios estatales son variadas a la hora de explicar por qué Salta sigue abajo en materia de violencia de género, basta con echar un pantallazo a las nueve medidas surgidas de las mismas manos de los legisladores.
Por ejemplo, la número 5, obliga al Estadio a “brindar acceso gratuito” sobre todo “rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y socio-laborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género”.
¿Cómo se le explica esto a la familia de Natalia, quien buscó a gritos la protección del Estado?
El primer femicidio sufrido por la familia Cruz en Quijano. (Foto: Javier Corbalán)
Porque su caso tampoco fue tenido en cuenta en “la red de contención”, entre el Estado y las ONG, como lo menciona la medida número 6. Sin dudas, aún hay muchas cosas pendientes por hacer en la materia, que no pasa solo por sumar cartelería y spots publicitarios.
El Poder Judicial y el Ministerio Público provincial deberían estar a la altura del drama que asola a Salta con una pasmosa cotidianeidad.
Fuente de la Información: Gente de Salta
