Amparos, una solución rápida a problemas que nadie resuelve
16/07/2012. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Solo en el distrito de la Capital se inician 13,6 demandas cada mes para reclamar por derechos amenazados.
El proceso es más ágil que un juicio y se usa para demandar acceso a las garantías que se reconocen en las leyes.
68 recursos de amparo se presentaron en el área centro de la provincia desde enero a fines de mayo de 2012. El año pasado se habían iniciado 175. En 2010 fueron 164.
13, 6 es el promedio diario de acciones de amparo que se iniciaron en la Capital y municipios cercanos en 2012. En 2011 se impulsaron 14,5 diarias y en
2010 de 13,6 por día.
La Justicia de Salta recibió 407 recursos de amparo por problemas urgentes solo en el centro de la provincia desde 2010 y hasta mayo de 2012. Esta herramienta debería servir para garantizar derechos en casos excepcionales pero se convirtió en la forma de resolver casos que no atiende ningún organismo.
El amparo es la vía para pedir que la Justicia ordene reconocer un derecho amenazado. El trámite es más corto que un juicio y solo se admite cuando no hay otra solución.
Desde principios de 2010, se presentó un promedio de 13 a 14 demandas de este tipo cada mes en el área judicial que comprende a Salta Capital y los municipios del centro de la provincia.
El freno a una suba del 300 por ciento en la boleta del gas, el acceso a cirugías para salvar la vida de pacientes obesos y el límite a situaciones de discriminación religiosa en la escuela son algunos de los logros que se alcanzaron por este camino rápido de la Justicia.
Los tratamientos de salud están entre los temas por los que más se recurre a esta figura legal incorporada a la Constitución Nacional en 1994.
Por acciones de amparo, la Justicia le tuvo que ordenar al IPS (Instituto Provincial de Salud) reconocer numerosas intervenciones y terapias para pacientes que corrían riesgos y no conseguían cobertura.
Por las recurrentes demandas en contra del IPS, la ministra de Justicia María Inés Diez adelantó a El Tribuno que se analiza la posibilidad de instalar una oficina de mediación con los afiliados en la sede de la obra social. El objetivo es limitar la cantidad de casos que terminan en un juzgado.
“Arbitrariedad”
“A mayor arbitrariedad, mayor es la cantidad de amparos. Es la vía que tiene un ciudadano o una institución para evitar una medida discrecional”, señaló Guillermo Durand Cornejo, presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados y titular de Codelco (Comité de Defensa del Consumidor).
Durand Cornejo, que inició reiterados reclamos judiciales desde Codelco, cuestionó los intentos de ponerle límites a esta salida. “Se pretende cercenar los derechos”, reclamó el legislador.
En 2009, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a un proyecto que se interpretó como un tope a las acciones impulsadas para que el Gobierno garantice derechos.
La iniciativa buscaba prohibir que los jueces tomen decisiones judiciales que “afecten, comprometan o distraigan de su destino los recursos propios del Estado”.
Para Félix Costas, defensor general del Ministerio Público, la cantidad de amparos se explica porque “hay una sociedad resentida en el reconocimiento de los derechos”.
En una provincia con una Justicia abarrotada de causas, el proceso abreviado se convirtió en la opción para muchos.
Solo durante 2010 ingresaron 167.166 causas en los juzgados y el amparo aparece como la respuesta para problemas que no pueden esperar los tiempos de un juicio.
La figura legal
El artículo 43 de la Constitución Nacional dice que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”.
También se aclara que “podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación”.
Pacientes mentales
En 2010 se presentó un recurso de amparo que reclamaba por las malas condiciones de internación en la colonia psiquiátrica Nicolás Lozano, a 30 kilómetros de la Capital provincial.
Días después de la demanda, iniciada por la defensora oficial Natalia Buira, el Gobierno de Salta anunció que cerraría la institución y trasladaría a los pacientes al hospital Miguel Ragone.
La Provincia admitió que la colonia ya no era un modelo de tratamiento adecuado para la recuperación de personas con sufrimiento mental.
Discriminación de género
En 2011 la Justicia le dio la razón en primera instancia a Mirta Sisnero, una salteña que había presentado un recurso de amparo porque se capacitó para manejar un colectivo y aseguraba que no la contrataban por una cuestión de género.
El juez Mario D"Jallad ordenó que las empresas tomaran a mujeres hasta que un 30 por ciento del plantel fuera femenino.
Sin embargo, las transportistas apelaron el fallo y el caso fue derivado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por hogares de chicos
En 2010 se presentó una acción de amparo para reclamar mejores políticas para chicos que no tienen padres o no pueden estar con ellos por problemas sociales.
La demanda fue impulsada por la defensora oficial Natalia Buira y pedía políticas para evitar que los niños pasen largos años internados en instituciones estatales. Una de las salidas propuestas era buscar familias que puedan cuidarlos.
Como parte de este proceso, un chico que había estado 14 años en hogares desde que murió su padre consiguió un apoyo económico para ir a vivir con sus tíos en Chicoana.
Discriminación religiosa
En febrero de 2012 la Justicia prohibió imponer la obligación de rezar en las escuelas públicas a raíz de un amparo que denunciaba discriminación a chicos que no comparten el credo católico.
El caso, sin embargo, se encuentra en la Corte de Justicia de Salta porque el Ministerio de Educación de la Provincia apeló en contra de la decisión judicial.
La demanda fue iniciada por un grupo de padres con el apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles. Como parte del reclamo, también se pide que religión deje de ser una materia de la currícula oficial.
Cirugía para pacientes obesos
En marzo de 2012 la Corte de Justicia de Salta ordenó al IPS (Instituto Provincial de Salud) cubrir una cirugía bariátrica para un paciente que sufría obesidad.
La Justicia también dictaminó que se solventaran los gastos de tratamientos nutricionales y psicológicos necesarios.
Las demandas al IPS por este tipo de terapias son recurrentes y la Justicia ya consideró que deben reconocerse en varios casos.
Muchos afiliados también tuvieron que recurrir a la vía judicial para obtener cierta medicación o terapias complejas.
Fuente: El Tribuno