OPINION DE DRA. CECILIA CARRARO

Dra. Cecilia Carraro

28/11/2012 | Opiniones: Opinion sobre Justicia

La Violencia de Género y los Derechos Humanos

En un diario local de vasta difusión, en fecha 7 de octubre del corriente año, destacó en la primera plana como noticia principal y de alto impacto social lo siguiente “Entre los jóvenes la violencia de pareja es normal”, lo que fue revelado por una encuesta realizada por el equipo que trabaja en prevención de violencia de la Sub Secretaría de Bienestar Social de la Municipalidad de Salta. El informe se desarrolla en la página 32 del periódico mencionado, y precisa que la encuesta se realizó sobre 950 alumnos en 10 colegios privados para indagar acerca de la violencia en la etapa de noviazgo. Las conductas tomadas como “normales” fueron los controles en la manera de vestir y de arreglarse de la pareja, vigilancia en los horarios, en las actividades que realizan por gusto, restricción de la libertad y celos exacerbados. Las estadísticas quedaron plasmadas del siguiente modo: de un total de 950 estudiantes del nivel secundario y de colegios privados, el 17% de los varones consideró a estas situaciones como “naturales” en una pareja, mientras que las mujeres respondieron así en un 6%. Como algunas de las conclusiones aportadas por las participantes del equipo de trabajo, Dra Norma Belmont, Silvina Patocco y Guadalupe Cheda, podemos resaltar la permanencia de preconceptos vinculados con un modelo patriarcal, que el hombre tiene más derechos, que la violencia es normal por la misma convivencia y que hay mucha confusión sobre el tema. Por último, la noticia también dio a conocer como dato estadístico que “en el primer semestre de 2012 hubo 9443 denuncias por violencia familiar en el Distrito Judicial de la Capital de Salta”.


Este artículo periodístico desnuda una problemática social que está inmersa en el modo de relacionarse entre las parejas desde las generaciones de jóvenes, adoptando patrones de conductas con claro contenido de violencia de género como “normales”, lo que es preocupante y sumamente delicado de abordar desde el enfoque de los derechos humanos y como punto principal para la agenda política de la provincia.

Lo primero que hay que enmarcar es el plexo normativo que orienta y guía sobre que se debe entender por violencia familiar y de género desde la perspectiva de los derechos humanos. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer: “Convención de Belem Do Para”, ratificada en nuestro país por la ley 24632 del año 1996, expresa que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos”, y que se entenderá que violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en cualquier relación interpersonal".


La cuestión a tratar en relación a la temática presentada es, a nuestro criterio, erradicar esa concepción errónea de que puede ser “normal” la forma violenta de relacionarse de los jóvenes con sus parejas, a la luz de la convención sobre los derechos humanos referida. Como dice Michael Ignatieff, hay que tener en cuenta que una violación de derechos humanos puede no ser interpretado así por las supuestas víctimas, ésta es la razón por la que el consentimiento debe ser la restricción esencial de las intervenciones en defensa de los derechos humanos en aquellos lugares donde la vida humana no está en juego o no tienen lugar unos abusos físicos masivos e irreparables (Los Derechos humanos como Política e Idolatría, Ed. Paidos Ibérica, 2003, pág. 94). Sin embargo, debiera tratar de manejarse la temática bajo la puesta en escena de la intervención estatal provincial, y sobre todo de la sociedad en que están inmersos estos jóvenes. Esta sociedad no debiera permitir bajo ningún concepto que la forma de vida, especialmente de los niños y adolescentes, quienes comienzan a interactuar en el área afectiva de elección de pareja- tenga algún contenido de índole violenta que derive en una mala calidad de vida hasta la perpetración de un delito, que trasforme su vida y debilite su desarrollo personal dificultando su inserción en la comunidad en miras de velar por el bien común.


En la actualidad, los derechos humanos son pensados como un esquema que pueda orientar las políticas publicas de los Estados sin imponer a estos una determinada manera de hacer las cosas. En este sentido, resulta fundamental tener como guía a la hora de formar estrategias de implementación de políticas públicas la concepción de dignidad de la mujer que refiere la Convención de Belem do Para, según la cual la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.


En nuestra provincia, la violencia familiar y de género es uno de los puntos de tratamiento especializado desde hace unos pocos años, por lo menos en el ámbito judicial, a partir de la creación de la Oficina de Violencia Familiar, las Fiscalías especializadas en la cuestión y la interrelación de psicólogos y asistentes sociales. ¿Pero es suficiente que sólo intervenga el Poder Judicial en el tema? Creemos que no. En este sentido Pilar Arcidiácono en su texto denominado “Políticas Sociales con Perspectivas de Derechos”, nos dice que la perspectiva de abordaje de los derechos humanos en temas de política pública implica brindarle un lugar central a los diferentes poderes del estado, de lo contrario, podría continuarse con exitosas sentencias individuales…pero con una ausencia de cambios estructurales en política pública” (cfr. CELS). Por lo que no puede desconocerse que hay que poner el acento en medidas preventivas que ayuden a informar cuáles son los derechos que tenemos que hacer valer, y en educarnos y educar en la transmisión de las conductas y forma de vida bajo la lupa de los derechos humanos que han sido reconocidos en las convenciones ratificadas por nuestro país.


Ignatieff nos dice claramente que las intervenciones en nombre de los derechos humanos están justificadas no porque la autoridad tradicional, patriarcal o religiosa sea primitiva, atrasada o incivilizada según nuestros estándares, sino según los estándares de aquellos a los que oprime (ob.cit., pag. 96). Y la forma de reaccionar ante una conducta opresiva de nuestros derechos es teniendo conocimiento de que están siendo violados, sabiendo que medios nos proporciona el Estado para su defensa y teniendo siempre como escudo respaldador “el enfoque de derechos humanos”.


No hay que descansar desde el poder público, desde la sociedad y desde la familia hasta que la próxima encuesta que se realice diga “el porcentaje de jóvenes que considera que la violencia en la pareja es normal, es cero”.

 


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