Por una orden judicial ilegal de la jueza Sapag, familia campesina de Anta fue desalojada y ahora viven sobre la ruta
09/11/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Metán, Olga Zulema Sapag, habría actuado por negocios privados: es prestadora de servicios inmobiliarios. Los hermanos Álvarez piden ayuda para rearmar sus casas.
Una familia campesina de Las Lajitas, Departamento Anta, vive hace más de un mes sobre la ruta nº 5 porque fueron desalojados de sus tierras. Se encuentran a la altura del kilómetro 27 con ranchos de chapa armados como pudieron y preocupados por su salud y los animales.
La orden judicial de desalojo, que data del 26 de septiembre, lleva la firma de la jueza Olga Zulema Sapag, quien es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del distrito Metán. El fallo va en contra de normas provinciales que protegen y resguardan los derechos territoriales de las familias campesinas e indígenas. En otras palabras: es una decisión ilegal.
Sapag tomó la decisión de desacatar la Ley Provincial Nº 7.658 que en su artículo primero, inciso f), manifiesta: “Evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras en las que habitan a base de documentos firmados con ardid o engaño”.
Pero por si fuera poco, la jueza Sapag también figura en la AFIP como titular de “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados”. Así lo difundió el portal CUARTO: “La misma magistrado que ordena desalojos, desconociendo la ley provincial que impide la remoción de pequeños productores y familias rurales, además opera con terrenos e inmuebles rurales para su beneficio personal”.
Gabriela Álvarez dijo que el desalojo llegó cuando uno de sus hermanos, Valentín, estaba sólo y que al presentar los papeles ante autoridades competentes le contestaron que “eso no importaba”. El empresario interesado en el desalojo de los Álvarez se llama Alejandro López, quien rubricó relaciones con el Juez de Paz de Las Lajitas- dicen que se apellida Brito- y puso a policías a su orden para llevar adelante la tropelía. Y por si fuera poco, una supuesta pareja de López sería funcionaria del Poder Judicial de la localidad al sur provincial.
Ahora, los Álvarez viven sobre la ruta como pueden y necesitan ayuda; Vialidad les dio permiso para armar su ranchito con lo que dispongan, por lo cual solicitan colaboración de chapas y maderas. Tiempo atrás acudieron a la Cámara de Diputados, oportunidad en la que fue recibida por el presidente del cuerpo, Manuel Santiago Godoy, y el legislador por Rivadavia y autor de la ley que prohíbe los desalojos, Ramón Villa. Ambos legisladores se mostraron a favor del reclamo de la familia considerando que la actuación de la jueza no respeta las normas sancionadas por la Legislatura Provincial.
Sin embargo, Sapag no da marcha atrás. Es jueza y parte, y de ambas actividades se exime de pagar impuestos al tiempo que respondería al lobby empresarial para actuar de esta manera inmoral e ilegal. “Ella no respetó la ley que nos protegía”, dijo Álvarez a este medio.
CÓDIGO ABIERTO METÁN