Las supuestas amenazas a Sáenz no pueden quedar como las anteriores
21/09/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Con buen tino, el Procurador dispuso el inicio de una investigación de oficio de las supuestas amenazas ante las declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz. Se trata de un delito penal que puede sancionarse hasta con dos años de prisión.
Por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal penal 1, Pablo Rodrigo Paz, inició de oficio una investigación sobre supuestas amenazas contra el gobernador de la Provincia, Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz y que el propio mandatario dio a conocer en su mensaje del domingo 20 de septiembre.
Es interesante tener presente que es la tercera vez en la que el ahora gobernador da a conocer que es víctima de amenazas. La primera ocurrió a fines de marzo de 2016, cuando como intendente tomó la decisión de clausurar los boliches del corredor de la Balcarce, en esa ocasión dijo que mensajes de texto anónimos y amenazantes llegaron a su celular. La investigación fue inconducente.
La segunda ocasión, ocurrió en febrero de 2018 cuando se divulgó un audio de whatsapp que terminó con allanamiento y la detención de tres personas que fueron liberadas a pocos meses por falta de mérito.
“He recibido amenazas, de todo tipo. He recibido amenazas de todo tipo, porque lamentablemente, detrás un teléfono privado o detrás de un…o en las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar”, afirmó el gobernador salteño.
Lo hizo durante el mensaje en el que anunció medidas vinculadas con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio mediante los canales de difusión oficiales y transmitidas por varios medios de prensa.
A posteriori del mensaje del Gobernador hubo una conferencia de prensa de la que participaron el presidente del COE, Francisco Aguilar, la secretaria de Desarrollo Organizacional del ministerio de Salud, Verónica Guzmán y el ministro de Gobierno Ricardo Villada. Los funcionarios sólo se abocaron a responder cuestiones elementales de las medidas restrictivas, lo cual es muy importante, pero ninguna ampliación sobre lo denunciado por el gobernador minutos antes.
Muy distinto hubiera sido que el mandatario participe en una conferencia de prensa ya que desde que asumió, no lo hizo y menos aún desde que comenzó la pandemia. Sólo ensayó dos o tres transmisiones en vivo por redes sociales al inicio de la emergencia sanitaria en las que no hubo mucho más que mutuos elogios con sus dirigentes políticos o barriales.
Cabe señalar que el delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.
Fuente de la Información: Opinorte