La mitad de los presos en las cárceles argentinas no tiene condena firme
10/10/2014. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El anuncio de la reforma al Código Procesal Penal puso en agenda la crisis del sitema judicial y penitenciario; qué cambiaría con la nueva norma.
Uno de los puntos de análisis del informe de la Procuvin tiene que ver con la jurisdicción que envía a prisión a personas que aún no tienen condena.
El informe especifica que son 5777 los presos en cárceles federales a disposición de jueces nacionales, mientras que 3319 dependen de jueces federales y 699 de jueces provinciales.
Sobre este aspecto, el relevamiento detectó que en las cárceles federales, el 54 por ciento de los procesados sin condena fueron enviados a prisión por la justicia nacional, el 42 por ciento por la federal y sólo el 4 % por la justicia provincial
LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO REGLA
La prisión preventiva es en la teoría una herramienta de uso excepcional para los casos en los que haya riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa por parte del imputado.
La ley establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. "No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor", dice la normativa.
Pero en la práctica, en la Argentina una persona procesada puede esperar hasta cuatro años en prisión a que llegue el juicio oral.
"La prisión preventiva es un tormento. Mientras el Estado decide si sos o no culpable, te priva de todo, no sólo de la libertad, porque los presos procesados no tienen acceso a muchos beneficios en la cárcel", explicó a LA NACION Abel Córdoba, titular de la Procuvin.
"La preventiva tampoco es justa para los que luego son condenados. Una persona que va a ser condenada tiene derecho a saber cuánto tiempo va a estar presa, si va a poder ver a su familia, tener acceso a la salud, trabajar", añadió.
Por otra parte, indicó que "la tasa da absolución es muy alta". Y agregó: "Si te absuelven después de estar varios años presos, podés iniciar un proceso contra el Estado, pero eso lleva mucho tiempo y de todos modos nadie puede reparar la cantidad de años que estuviste privado de libertad siendo inocente".
"El Código Procesal actual tiene muchas falencias de origen. Hay muchas provincias argentinas, con Córdoba a la cabeza, que están implementando códigos con sistema acusatorio en donde el fiscal es dueño de la acción y como representante de la sociedad dañada por el delito lleva adelante la acusación y la sostiene. El juez solo controla que se cumplan las garantías del debido proceso legal y tiene una función eminentemente imparcial", explicó a LA NACION Claudio Stampalija, abogado penalista y criminólogo.
Los especialistas consideran que en el sistema vigente, de carácter inquisitivo, los jueces cumplen una doble función contradictoria y distorsiva: la de investigar y a su vez tomar decisiones sobre los resultados de esa investigación.
"Una reforma al código procesal puede tener sobre todo dos beneficios: acortar los plazos del proceso y oralizar todas las audiencias. Esto hace que todo sea mucho más transparente", explicó a LA NACION Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
"Los sistemas inquisitivos siempre tienen una alta proporción de presos preventivos. Los procesos se vuelven muy largos y eso, sumado a la presión pública, lleva a que la respuesta sea mandar a la cárcel a una persona sin condena", dijo Litvachky. Y añadió: "No necesariamente una reforma va a bajar la tasa de encarcelamiento. En Chile, por ejemplo, hay un 70% de condenados y 30 procesados pero la tasa de detenidos no bajó. Eso ya depende de cómo se aplique el sistema".
El martes, durante el anuncio de la reforma, la Presidenta utilizó una metáfora para referirse a cómo podrían funcionar los cambios. "Vamos a ver qué sucede, porque uno puede tener el mejor instrumental, pero el que opera es el médico y si el médico se durmió o no vino estamos en problemas", dijo la mandataria.
Por su parte, Córdoba, de la Procuvin, coincidió en la necesidad de reformar el Código. "Sería un paso hacia adelante, pero la razón de que haya tantos presos preventivos es más profunda y menos legislable. Tiene que ver con políticas criminales arraigadas y no fundamentadas".
"Que un 84% de los jóvenes adultos detenidos en prisiones federales no tenga condena no es casual. Y debería ser una alerta para el sistema, un escándalo", añadió.
En tanto Patricia Bullrich (Unión Pro), titular de la Comisión de Legislación Penal, también apoyó la reforma del Código. "Estamos de acuerdo en analizar una reforma del Código Procesal Penal. Es más, junto a los Diputados Federico Pinedo, y Pablo Tonelli, en el mes de junio presentamos un proyecto de reforma, cuyo espíritu es avanzar hacia un sistema acusatorio con la oralidad como principio para garantizar la justicia en tiempos cortos", señaló.
Y agregó: "Trabajaremos para que las víctimas sientan que la Justicia es rápida, para evitar las excarcelaciones y para que se termine con la puerta giratoria".
Fuente: La Nación