Gils Carbó, con más poder y, también, un fuerte aumento presupuestario
03/11/2014. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
En 2015, la jefa de los fiscales, una firme aliada del Gobierno, contará con $ 2671 millones, 41% más que en 2013; las subas en la administración pública fueron en promedio de 13,2%.
jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , no sólo gozará de un mayor poder político una vez que el Congreso sancione la reforma del Código Procesal Penal que impulsa la Casa Rosada. Merced a su cercanía con el gobierno nacional, obtuvo para el año próximo un aumento presupuestario de casi el 41 por ciento para su área, porcentaje muy superior al 13,2% de suba promedio prevista para la administración pública en 2015.
En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Economía, la Procuración General de la Nación cuenta con un presupuesto actualizado de 1896 millones de pesos, que trepará a 2671 millones en 2015. Esto implica una suba del 40,8% en menos de un año.
Este importante refuerzo presupuestario va de la mano de la fortaleza política de la que la presidenta Cristina Kirchner quiere dotar al organismo que agrupa a los fiscales federales y nacionales con su proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Con la designación de Gils Carbó, en agosto de 2012, la Presidenta se aseguró una aliada en aquella área estratégica, fidelidad que supo recompensar bien: en tres años (2012-2015), el Ministerio Público Fiscal recibió un aumento presupuestario del 146% y engrosó su plantel de personal de 4204 a 4888 agentes.
Sin embargo, esta dotación podría incrementarse aún más con la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que prevé la creación de 17 nuevas fiscalías generales en todo el país. Esta posibilidad puso en alerta a la oposición, que teme que el oficialismo elija fiscales afines que les garanticen impunidad a los funcionarios kirchneristas cuando finalice el mandato de la Presidenta. Todo esto dentro de un contexto en el que los fiscales ejercerán un mayor poder, pues de acuerdo con la reforma del código serán los fiscales -ya no los jueces- los que decidirán la investigación o no de un delito.
Si bien la oposición coincide con la propuesta de modificar el procedimiento en las investigaciones penales, desde que asomó la polémica en torno al nuevo código de procedimientos advirtió de manera insistente en que debería ejercerse algún tipo de control sobre el Ministerio Público Fiscal.
SIN CONTROLES
"Hoy no existe ningún control. La ley de Ministerio Público previó la creación de una Comisión Bicameral del Congreso al que este organismo debía rendir cuentas, pero desde que se sancionó la norma en 1998 este cuerpo nunca se creó. Por lo tanto, hoy nadie controla ni el presupuesto ni la gestión de Gils Carbó, ni el Congreso, ni la Auditoría General de la Nación, ni la Sigen, ya que se trata de un órgano extrapoder", explicó el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra.
A su vez, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó que nunca se pudo auditar a la Procuración General de la Nación. "Tenemos un convenio con la Defensoría General, que renovaremos en poco tiempo más, al igual que con la Corte Suprema. Esperamos poder extenderlo a la Procuración, como también al Consejo de la Magistratura", indicó a LA NACION Leandro Despouy.
Mientras tanto, la oposición pugna por la creación de la Comisión Bicameral, pendiente desde hace más de 16 años. No sólo para controlar la acción del Ministerio Público; algunos proyectos proponen además que el Congreso de la Nación se erija en un actor definitorio en la designación de sus integrantes, para evitar en esa área clave de la Justicia la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
fuente: Infobae