“En el Consejo, todos tienen su color político”

14/04/2013. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

El juez de la Corte, Abel Cornejo, se refirió en una entrevista sobre la reforma judicial.

En días convulsionados por la discusión que generó la reforma judicial que busca la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Abel Cornejo, miembro de la Corte de Justicia de Salta, se apartó del silencio que mantuvieron muchos de los magistrados del país.

El juez se expresó a favor de la idea de que se elija por voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de seleccionar y destituir a los magistrados en el ámbito federal.

Opinó que los candidatos a integrar este cuerpo, formado por jueces, abogados, académicos y legisladores, deberían decirle a la gente qué perfil preferirían para alguien que ingresará en la Justicia.

Además, relativizó el cuestionamiento que indica que el proyecto implicaría politizar la Justicia. “Sería una hipocresía negar que dentro del Consejo de la Magistratura todos tienen algún tipo de color o preferencia política”, señaló.

Cornejo pidió más debate pero también se manifestó de acuerdo con la idea de regular cuándo la Justicia puede dictar una medida cautelar en contra del Estado. “No puede haber una lluvia de cautelares”, opinó.

El proyecto de reforma judicial impulsa que los miembros del Consejo de la Magistratura se elijan por voto popular. Un sector interpreta que de esa manera se politizará la Justicia ¿Qué opina?

Estoy en una postura intermedia. Siempre las cuestiones atinentes al Estado están politizadas en el buen sentido. Hay una especie de devaluación de la palabra política pero lo político hace al manejo de la cosa pública.

Hay que apuntar que estamos hablando de reformar la Justicia federal, o sea, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que no tiene nada que ver con el de las provincias.

Veo que no se aumentó el número de representantes de los jueces que, creo, hubiera sido fundamental.

Hay que sincerar la vida pública argentina. Los jueces ya hacen una actividad política para integrar el Consejo de la Magistratura actual porque tienen que presentar listas en la Asociación de Magistrados.

Quien va al Consejo de la Magistratura por el estamento de los jueces es una suerte de diputado de los jueces.

Lo que debería pasar también es que haya concursos orales y públicos. No escritos, porque en muchos casos se detectaron irregularidades con concursantes que pueden tener con anterioridad determinados temas.

Lo que genera resistencia es que los aspirantes tengan que estar en una lista partidaria, que se elijan en el mismo momento que el Presidente...

Creo que hay que conciliar lo que es la vida interna del Consejo de la Magistratura. Sería una gran hipocresía negar que en el Consejo todos, incluyendo los jueces que lo integran, tienen algún tipo de color o preferencia política y que hay negociaciones internas en la conformación de las ternas.

El Consejo de la Magistratura de la Nación selecciona a los jueces pero además administra los recursos del Poder Judicial, es el encargado de remover a los jueces y de dictar los reglamentos internos del Poder Judicial. Todo eso se estableció en la reforma de 1994.

Entonces, ¿no le parece mal la posibilidad de que los miembros se elijan por votación popular?

En lo más mínimo. Creo que se hace como un denuesto diciendo que los jueces van a tener que ir a los barrios y a las villas o hacer campaña. En realidad ya hacemos campaña, lo que pasa es que no tiene la repercusión que tiene una campaña pública.

Los jueces no van a ir a discutir qué sentencia dictar. Para el Consejo de la Magistratura, no estamos eligiendo a los jueces sino a los electores de los jueces. Lo que sí se tendría que garantizar es decirle a la gente qué perfil de juez buscamos, cómo vamos a mejorar el acceso a la Justicia o cómo vamos a hacer que sea más rápido. La gente, de acuerdo a eso, tendrá que elegir.

Todo lo que sea participación popular me parece bien. No estoy de acuerdo en que existan sectores corporativos que puedan arrogarse determinadas decisiones.

El asunto es cómo se haga esto. Es fundamental que se pueda debatir. Me dicen que se mandaron las leyes a libro cerrado. Hay que tratar de abrirlas, discutir y difundir para que los ciudadanos entiendan qué es lo que se está reformando.

¿Le parece que hace falta más debate?

Sí. A mi modo de ver, una reforma de estas características hubiera necesitado una ronda de debate.

Me parece que también se debería llamar a rondas de consultas en las provincias porque ya hay algunas donde el órgano de la magistratura prevé la elección de los representantes directamente.



Otro punto en debate es la regulación de las medidas cautelares que se presentan contra el Estado. ¿Le parece que el proyecto tiende a limitar las posibilidades de que un ciudadano pueda beneficiarse de este recurso?

En este tema hay que ser muy cuidadoso. Hay opiniones desmesuradas. Hubo un exceso de medidas cautelares para tratar de frenar actos del Gobierno a lo largo del tiempo. En muchos casos fue en tutela efectiva de derechos y, en otros casos, no tanto.

Hay que recordar que en la época del corralito era un escándalo. Se dieron miles de cautelares por un lado y por otro había quienes, tratando de preservar que no se caiga todo el sistema financiero, eran más reticentes.

Tendría que haber una suerte de autocrítica del Poder Judicial porque, si realmente funcionara todo como algunos dicen que funciona, no se daría este debate.

Creo que la Justicia está en deuda por las tardanzas judiciales. No se ha autoimpuesto plazos en los órganos de segunda y tercera instancia. Todos deberíamos tener plazos para resolver. La tendencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que todos los proceso tengan sentencia definitiva en no más de dos años.

Si la Justicia fuera ágil no se necesitarían medidas cautelares.

Muchas veces se utilizó la cautelar como un atajo para frenar algunas leyes. Entonces, una cautelar no debe desnaturalizar lo que es la voluntad popular.

Hay que distinguir claramente lo que significa ganar elecciones de que, aún quienes han sido derrotados en una elección, busquen la vía judicial para torcer la voluntad mayoritaria. Para eso existen elecciones cada dos años.

Lo único que no se puede limitar en una república es la voluntad popular.

El proyecto habla de no dictar una cautelar cuando ponga en riesgo el patrimonio o recursos del Estado ¿Le parece una regulación correcta?

Habría que ver cómo queda la ley sancionada. En muchos casos se han dictado medidas cautelares sin exigir que se plantee una acción de fondo.

No se dice que haya una limitación en los temas que deciden los jueces en sus sentencias. Lo que me parece que se quiere buscar es que, por vía de las cautelares, no se paralicen actos de gobierno.

Por supuesto que actos de arbitrariedad manifiesta deben ser objeto de amparo y eventualmente de medidas cautelares. Lo que no puede suceder es que haya una lluvia de cautelares, que imposibilite gobernar, para resolver conflictos.

Entonces, cree necesaria una regulación de las cautelares contra el Estado.

Si es razonable, sí. Si un juez ve que hay una arbitrariedad, las dictará.

Los jueces están para hacer respetar la Constitución y no existe ninguna ley que esté por encima de eso. El tema está en qué jueces se eligen.

¿Cómo cree que podría repercutir esta reforma nacional en las justicias provinciales?

Dependerá de cada provincia. En Salta tenemos un buen diseño institucional del Consejo de la Magistratura. También creo que hay algunas asignaturas pendientes, como la representatividad de las mujeres.

Me parecería perfecto que en Salta también se eligieran representantes por el voto de la gente.

También se prevé la publicación de los fallos.

Cuando se habla de la publicidad de los actos de Gobierno se piensa que se habla solo del Poder Ejecutivo. En realidad los tres poderes del Estado deberían hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo.

Como también en que cualquier interesado pueda saber dónde está una causa y cuánto tiempo, para que todos nos acotemos a los plazos adecuados.

Además, es positivo el conocimiento de las declaraciones juradas de los magistrados. Todo eso me parece bien.

Lo que me parece mal es la crispación en la discusión de los temas. Se hace como una cuestión de bandos en un tema que tendría que ser política de Estado.

Siempre existe la frase de que el pueblo no se equivoca y, para no equivocarse, tiene que votar. Una de las formas de representación democrática es que la gente pueda tener cada vez más participación.

¿Le parece que esta propuesta tiende a democratizar la Justicia?

Nunca me enrolo a ciegas con los proyectos. Me parece una buena oportunidad para que se empiece a discutir y a sincerar la Justicia. Me llama la atención cuando se sostienen que no se hace política.

Lo que hay en este momento es un sistema estamentario de elección reducido a un determinado sector sin participación popular, salvo por los diputados o senadores que deben ir a escrutinio público. En el caso de los jueces o abogados, los elige únicamente el sector al que pertenecen.

Es necesario que todo el país opine. Creo que tienen que empezar a escucharse propuestas públicas de jueces, abogados y académicos sobre cuál es el perfil de juez que queremos y cómo se puede mejorar la Justicia.

También hay que discutir sobre la capacitación de los jueces y cómo se imparte justicia. Después, si hay otras intenciones, a mí ya no me corresponde decirlo.

 

Fuente: El Tribuno